La ley impone a los productores de calzado (fabricantes, distribuidores y exportadores) la responsabilidad gestionar una cantidad de residuos del calzado equivalente a la que comercializan en España. Esta responsabilidad se denomina "Responsabilidad Ampliada del Productor", y se basa en el principio de "quien contamina paga".
La ley supone la trasposición de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.
Tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a la puesta en el mercado de productos en relación con el impacto en la gestión de sus residuos, así como el régimen jurídico de la prevención, producción y gestión de residuos, incluyendo el establecimiento de instrumentos económicos aplicables en este ámbito, y el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados.
Por eso, la ley obliga a cualquier persona física o jurídica que desarrolle, fabrique, procese, trate, llene, venda o importe calzado de forma profesional, con independencia de la técnica de venta utilizada en su introducción en el mercado español. Se incluye tanto a los que estén establecidos en el territorio nacional e introduzcan calzado en el mercado nacional, como a los que estén en otro Estado miembro o tercer país y vendan directamente en el mercado español.
En resumidas cuentas, todo aquel que ponga calzado en el mercado español para que sea adquirido por el consumidor final es considerado productor y tiene que cumplir las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del productor.
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